Artículo del Presidente de CEA publicado en Andalucía Inmobiliaria nº 127.
Para que exista crecimiento económico y, en concreto, para impulsar la creación de empresas y el adecuado desenvolvimiento de las existentes, se hace necesario un contexto de estabilidad, desde varios puntos de vista: político, económico, institucional, normativo y social.
Las empresas requieren certeza económica y seguridad jurídica para poder operar e invertir en los territorios, requisitos indispensables que no se dan en contextos inestables, confusos y ambiguos, donde la incertidumbre impide el normal desarrollo empresarial y la necesaria apuesta por la inversión productiva.
Es evidente que es difícil de prever el escenario político y social en el que se van a desenvolver los territorios, por cuanto depende de múltiples factores en muchos casos incontrolables y ajenos a las propias Administraciones, si bien es posible controlar en mayor medida la estabilidad del marco económico, institucional y normativo en el que estamos inmersos.
Y esto es así porque las Administraciones, con independencia del color político que posean en cada momento, tienen la obligación y responsabilidad de garantizar una planificación económica, a medio y largo plazo, que permita el necesario desarrollo social y económico en su ámbito de actuación, y dotar a los territorios de los instrumentos de apoyo y fomento necesarios para impulsar el crecimiento económico y el progreso en entornos favorables.
Por mucho que se reconozca en nuestra Constitución la libertad de empresa, no existe tal si constantemente ponemos trabas a la creación y desarrollo de las mismas. Los territorios con exceso de regulación y trámites administrativos se traducen en sociedades inflexibles, estáticas y sin capacidad de emprendimiento.
La sociedad en la que actualmente nos desenvolvemos es ciertamente compleja, con una amalgama normativa confusa y excesivamente profusa que no favorece el crecimiento económico, y con unos procedimientos administrativos igualmente arduos y costosos que dificultan la creación y desarrollo de las empresas.
Los datos de nuestra inflación burocrática corroboran estos planteamientos puesto que, en el ámbito nacional, el Estado aprobó en el pasado periodo 2014 un 26 por ciento más de leyes que en 2013, un total de 688 nuevas normas de distinto rango, lo que hace que desde 1970 sean 40.000 las normas estatales puestas en marcha. Si sumamos a las Comunidades Autónomas, en el pasado año se aprobaron en total en España 13.000 nuevas normas, es decir, una norma y media por cada hora.
Siempre con las máximas garantías para el interés general, las sociedades modernas y desarrolladas deben apostar por los postulados voluntaristas: quien quiere montar una empresa, puede; quien quiere generar riqueza y empleo, puede; quien quiere prosperar, puede. No pongamos obstáculos innecesarios en el camino del desarrollo y progreso de los individuos y de los territorios.
El sector privado es, por definición y por naturaleza, competitivo, y en esa necesaria competitividad radica su mayor garantía de éxito en el mercado, pero necesitamos igualmente una Administración eficiente y una sociedad igualmente competitiva.
En este sentido, la responsabilidad a la que antes aludía por parte de las Administraciones afecta a la mejora, racionalización y simplificación del marco normativo; a una mayor eficiencia en la gestión administrativa; o a la garantía de la libre competencia y la libertad de empresa. También, debe tener adecuado reflejo en las políticas públicas, estatales y autonómicas; de impulso de la economía, de los sectores productivos, del fomento de la vocación empresarial y del empleo.
Andalucía necesita crear más empresas, y mantener y favorecer el desarrollo de las ya existentes. Nuestra comunidad autónoma se sitúa diez puntos por debajo de la media nacional en densidad empresarial, y sólo alcanzar ese nivel medio supondría alrededor de 150.000 empresas más en Andalucía, y un gran impulso al empleo regional.
Para ello, es imprescindible apostar por la mejora de la regulación y simplificación administrativa, que constituyen uno de los objetivos y compromisos principales desde que inicié mi andadura como Presidente de CEA. En esta tarea he puesto mucho trabajo e ilusión.
Fruto de este empeño es el protocolo de colaboración recientemente firmado entre la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Agencia de Defensa de la Competencia en Andalucía (ADCA), en el que se plasman gran parte de estos planteamientos para facilitar el libre desarrollo de la actividad productiva de las empresas frente a la excesiva regulación legislativa y la burocracia.
La Agencia y CEA tenemos en este ámbito, objetivos comunes y perseguimos fines conjuntos, por lo que el citado acuerdo persigue promover la defensa de la competencia, el funcionamiento competitivo de los mercados, la mejora de la regulación económica, la eliminación de trabas administrativas y la detección de obstáculos y barreras a la unidad de mercado.
Por otra parte, la mejora de la regulación implica también la desregulación. Una desregulación ordenada y sostenible, que siente las bases de la necesaria homogeneización normativa. Una desregulación no de los derechos sino de los procedimientos. Las Administraciones públicas y los Gobiernos deben entender que las normas sólo tienen sentido si son beneficiosas y favorables para la sociedad y los ciudadanos. No se trata de aprobar normas por aprobarlas, como si fuera un logro contar el número de leyes aprobadas en cada Legislatura.
Y directamente relacionado con lo anterior existe otro elemento básico, la necesidad de desarrollar una adecuada evaluación normativa y estudio previo de impacto económico de las nuevas normas para las empresas. Se trataría de emitir un informe sobre la idoneidad de las nuevas normas desde el punto de vista de la competencia, así como realizar un estudio de impacto económico sobre la incidencia que dichas normas poseen para las empresas y el empleo, que cuantifique este impacto en términos de costes, plazos, requisitos y trabas para dichas empresas. Ello permitiría evaluar la oportunidad de dichas normas desde el punto de vista empresarial.
Otro elemento a considerar es la detección de trabas a la unidad de mercado. Es evidente, y más en el contexto político y social en el que nos estamos desenvolviendo en la actualidad, de los riesgos que la falta de unidad y estabilidad implican para la actividad empresarial. La unidad de mercado es básica para evitar la multiplicación de marcos normativos de referencia y la heterogeneidad legislativa en función de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos.
Concluyendo, desde el punto de vista empresarial es fundamental para las empresas eliminar las trabas que restringen injustificadamente las actividades productivas e impiden o retrasan los proyectos de inversión de los operadores económicos y, en resumen, la creación de riqueza y generación de empleo. En definitiva, la burocracia es inversamente proporcional al desarrollo social y económico mientras que la mejora de la regulación y la simplificación administrativa es directamente proporcional al crecimiento económico y al progreso de los territorios.
Javier González de Lara y Sarria