Artículo del Presidente de CEA para Agenda de la Empresa Nº 227
En los últimos años hemos vivido una grave crisis, que se pretendió atajar por dos vías: la consolidación fiscal y la puesta en marcha de intensas reformas. Ambos planteamientos, junto a la llegada de nuevas formas de hacer política, han incidido profundamente en nuestra sociedad, y ha tenido como consecuencia la generación de inconformismo entre la ciudadanía y un alejamiento de los modelos políticos, económicos y sociales preexistentes.
La situación está ahora revirtiendo, pero las heridas son profundas. La principal es el incremento de la desigualdad en España. La falta de expectativas económicas para una parte de la ciudadanía. Aunque se está recuperando el empleo, el ritmo aún es lento y la capacidad adquisitiva está en cuestión
Otra, la más llamativa y preocupante en este momento, está siendo la deriva nacionalista en Cataluña, que ha aprovechado esta situación de crisis, de inconformismo y de desigualdad para usar viejas tácticas de autocomplacencia y justificación de responsabilidades en los demás.
A todo ello, hay que unir episodios en nuestra sociedad como son la corrupción, el terrorismo yihadista o esa incipiente turismofobia, que ciertamente puede resultar anecdótica, pero que no deja de ser una forma de hacer política a través del ejercicio de la violencia, aunque ésta sea de “baja intensidad”.
Pero no debemos distraernos. Hay que hacer una llamada muy seria a todos los poderes públicos y a los partidos políticos. No podemos sustraernos de los verdaderos problemas sociales y económicos: la desigualdad, la falta de empleo y las dificultades para las empresas.
Una de las consecuencias inmediatas más graves de estos asuntos, es la cantidad de recursos humanos y de tiempo que se ha estado empleando en detrimento de las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos. En el caso de Cataluña, lo realmente grave es que se ha puesto en juego no sólo la unidad de España o nuestra integridad política, sino una ruptura flagrante con la legalidad vigente.
Desgraciadamente, en este clima de crispación, las empresas no encuentran la estabilidad necesaria. No se formulan propuestas económicas, no se impulsa el diálogo social convenientemente, no se propicia una fiscalidad adecuada, no se impulsan las inversiones públicas y así un largo etcétera.
Ante esta situación, la empresa no es que sea un problema o una solución, es que no es debidamente considerada. Parece como si fuera un árbol más del bosque social, pero sin que exista una preocupación global sobre sus verdaderas necesidades, desarrollo futuro y su incidencia sobre el empleo.
La empresa es concebida como un espacio infinito para la adscripción de nuevas trabas administrativas, sin importar el impacto que provocan sobre su actividad o, incluso, si esos requerimientos tienen relación con el sector productivo donde se desenvuelve.
Parece que la única preocupación, es continuar generando obligaciones de carácter legal, que cada vez hacen más difícil la gestión de una empresa, que debe dedicar importantes esfuerzos al mero hecho de documentar sus actividades ante las distintas administraciones públicas.
Y además, a la sociedad en general, aún le queda recorrido para percibir de forma positiva la promoción de empresarios que obtengan un legítimo beneficio por su actividad, y es habitual promover a “emprendedores” que realicen una política de redistribución de la riqueza.
En este contexto, nuestra labor es reubicar el protagonismo de la empresa. Conseguir que la sociedad la vea como un aliado natural, no como un inconveniente. Y lograr también que el debate se centre no sólo en lo político (Cataluña, financiación autonómica, vida de los partidos…), sino que se traslade prioritariamente a lo económico y a lo social.
Porque lo verdaderamente importante está aún por resolver: generar mayor actividad económica con más y mejor empleo. Y para ello, los empresarios estamos absolutamente convencidos de que con criterios comunes, todos juntos seremos más fuertes.