_x000D_ El Gobierno tiene previsto aprobar hoy el anteproyecto de ley de mutuas, una norma con la que, por un lado, pretende frenar el fraude en las bajas laborales y, por otro, introducir altas dosis de transparencia en unos organismos que gestionan, entre contingencias profesionales y prestaciones económicas, en torno a los 12.000 millones de euros de fondos públicos, lo que supone más del 1% del PIB.
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_x000D_ El absentismo laboral se ha convertido en un grave problema para la economía española, que cobra especial relevancia en un momento de crisis económica como el actual, en el que ahorrar recursos es crucial para la Seguridad Social, que sigue perdiendo afiliados, aunque ya sea a menor ritmo. Como referencia, recordar que en 2011 faltaron cada día a su empleo por estar de baja por enfermedad común o accidente no laboral 1.005.800 trabajadores. Entre bajas por enfermedad común y enfermedades profesionales el Gobierno tiene previsto gastar el año próximo casi 5.000 millones de euros. Con la norma, el Ejecutivo pretende reforzar el papel de las mutuas en el control del absentismo.
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_x000D_ Como entidades colaboradoras de la Seguridad Social que son y, por tanto, parte del sector público, la idea del Ejecutivo es que estén sometidas a los mismos criterios de austeridad. Así, los sueldos de sus directivos estarán controlados, al igual que su gestión y serán responsables patrimoniales de sus actividades, según las fuentes consultadas por ABC.
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_x000D_ Asimismo, la norma facilitará que las comunidades autónomas que tienen competencias en sanidad firmen convenios de colaboración con las mutuas para mejorar el servicio sanitario.
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_x000D_ Estas mismas fuentes explicaron que sindicatos, empresarios y autónomos tendrán un papel activo en este mayor control al que quiere someter el Ejecutivo a las mutuas. Su presencia está asegurada en los órganos de gestión y control. La nueva norma dedicará también atención al mal funcionamiento que tiene en la actualidad la figura del cese de actividad para los autónomos, lo que provocó que solo 19% de las solicitudes presentadas en el último año para recibir esta prestación fuera concedida. La dificultad que este colectivo tiene para poder acreditar sus pérdidas está detrás de este problema.
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