_x000D_ La promulgación de la Ley de Prevención de los Riesgos Laborales trajo consigo la reducción de la siniestralidad, con importantes altibajos, hasta aproximadamente 2012. Con posterioridad, las estadísticas muestran un aumento de los accidentes mortales, que aunque parecen reducirse a lo largo del año pasado, en su número global coinciden con los contabilizados en la década de los años noventa.
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_x000D_ Las organizaciones empresariales y sindicales han impulsado y pactado con los distintos Gobiernos, sucesivas políticas que han contribuido con mayor o menor éxito a la mejora de los índices de siniestralidad. Están los Planes de Acción para combatir la siniestralidad laboral o las sucesivas Estrategias Españolas de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en estos momentos se plantean revitalizar.
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_x000D_ La Ley partió del diálogo social y la participación en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ha sido y es el cauce adecuado para que la opinión de los representantes de los trabajadores y de los empresarios sea escuchada. Además, junto con las Comunidades Autónomas y el Gobierno nacional, se ha llegado a fijar la hoja de ruta de las políticas preventivas en las Estrategias Españolas, lo que sin duda ha contribuido a que todos vayamos en la misma dirección. La disminución de la siniestralidad nos da la razón en que estas políticas han de continuarse por la vía del diálogo social.
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_x000D_ Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, considera la prevención tiene el reto de adaptarse a las pymes, abordar la situación confusa de los trabajadores en la denominada economía colaborativa, disminuir el conglomerado documental que rodea la prevención, buscar más la eficacia que la sanción, evitar la confusión entre accidente de trabajo a efectos de protección social y a efectos preventivos, y finalmente lograr una homogeneidad de criterios entre los actores involucrados en la vigilancia -Inspección de Trabajo e Institutos Regionales-. El reto debe ser seguir contribuyendo entre todos a configurar políticas acordadas fijando directrices comunes y evaluando los resultados para corregirlas o potenciarlas.
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