La Tarjeta Profesional Agraria podría validarse en Sevilla a finales de 2018.

Para mediados del mes de enero de 2018 está prevista la tercera reunión de la mesa negociadora del primer convenio colectivo nacional del sector agrario, en la que participa Asaja Sevilla como organización patronal reconocida, junto a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Un convenio que pretende mejorar y homogeneizar las condiciones laborales de los trabajadores del sector agrícola, ganadero y forestal, es decir, de los más de 800.000 trabajadores por cuenta ajena del campo, así como las relaciones con los empresarios.

Pese a que en la actualidad hay más de 30 convenios vigentes, entre provinciales y regionales, autonomías como Asturias, Galicia, País Vasco o Baleares no disponen de ninguno, por lo que «es importante articular un convenio estatal único, que no entrará en conflicto con los convenios territoriales del campo en activo, sino que cubrirá los vacíos normativos de éstos», explica el asesor jurídico de Asaja Sevilla, Felipe Gayoso, quien participa en las negociaciones.

Las materias objeto de la negociación en este convenio estatal son la igualdad de género, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la formación, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica, entre otras.

Asaja Sevilla ha llevado a la mesa de negociación la necesidad de la implantación a nivel nacional de la Tarjeta Profesional Agraria (TPA), un documento que recogería todos los datos profesionales de los trabajadores del campo y que ya existe en sectores como la construcción.

Se trata de un carné que incluiría «los datos identificativos del trabajador, la formación en prevención de riesgos laborales obtenida y, sobre todo, la información referente a las inspecciones médicas realizadas», apunta Gayoso, quien explica que debido al carácter de temporalidad del sector agrario, es muy común que un trabajador sea contratado a lo largo de un año en varias empresas diferentes para realizar en todas ellas el mismo trabajo, «y en cada ocasión debe repetir forzosamente los reconocimientos médicos, lo que supone un gasto innecesario en tiempo, dinero y en trámites para el trabajador». Con la TPA se evitaría «pasar de nuevo por pruebas realizadas con anterioridad y, normalmente, en un período de tiempo muy breve», subraya el asesor jurídico de la patronal agraria.

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