9 de noviembre de 2019.
Artículo de Javier González de Lara publicado en la Agenda de la Empresa. Nº 250. Noviembre 2019.
En los últimos años se ha consolidado una visión política y social que parte de la relevancia de unos valores inherentes a las sociedades modernas como son la participación, la transparencia, el diálogo y la colaboración social. Estos valores se han convertido en muy pocos años de obligado cumplimiento para el ejercicio de cualquier actividad institucional.
Su articulación ha dado lugar, incluso, a una nueva generación de normas que como las leyes de transparencia o de participación ciudadana, han abierto nuevas vías de diálogo entre la ciudadanía y sus gobernantes. No obstante, ninguna de estas vías ha logrado superar una que ya está instaurada en nuestro Ordenamiento Constitucional y Estatutario como es la configuración de los Consejos Económicos y Sociales.
En efecto, desde al año 1991 en España y desde el 1997 en Andalucía, existen normas que crean estos órganos de carácter consultivo en los que siempre han primado los atributos anteriormente descritos.
Una participación articulada mediante una representación plural y legitimada de la sociedad civil, a través de tres grupos en los que se integran desde las organizaciones sindicales a las empresariales y agrarias, así como las asociaciones de consumidores o el sistema universitario, entre otros.
Transparente y legítima, porque su configuración está prevista por una Ley aprobada por el Parlamento de Andalucía, sus miembros responden a sus respectivos criterios de representatividad y sus trabajos, por supuesto, son públicos y accesibles para todos.
Pero además en el caso de Andalucía, a todos estos atributos le tenemos que añadir uno que es característico de nuestra forma de actuar y que desde las organizaciones empresariales siempre hemos tratado de impulsar: el consenso.
A lo largo de los años, en un claro ejercicio de responsabilidad de los integrantes del Consejo Económico y Social de Andalucía, se ha ido desarrollando un intenso trabajo de diálogo y colaboración interno entre los distintos grupos para lograr que la inmensa mayoría de los dictámenes e informes emitidos lo sean por unanimidad.
Desde las organizaciones empresariales hemos apostado firmemente por ese objetivo, pues entendíamos que en el ejercicio de la función consultiva que ejerce el órgano, esta capacidad de consenso es una garantía de la eficacia de las cuestiones propuestas. Gracias a lo anterior, se asegura la defensa efectiva del bien común y que las ideas y propuestas desarrolladas no se corresponden con una visión univoca de la sociedad y la economía, sino de la opinión responsable del conjunto de la sociedad civil representada en este órgano consultivo.
De ahí el convencimiento de que el Consejo Económico y Social de Andalucía, órgano de autogobierno, ejerce una función de asesoramiento fundamental en la vida política, económica y social de Andalucía, siendo un ejemplo de participación, diálogo y transparencia. Larga vida.
Javier González de Lara y Sarria
Consultar en la Agenda de la Empresa: https://www.agendaempresa.com/105517/opinion-javier-gonzalez-de-lara-cea-larga-vida-consejo-economico-y-social-andalucia/
