20 de agosto de 2020.
Los empresarios turísticos insisten en la prioridad de atajar la pandemia, generar una imagen de país seguro, así como no estigmatizar a algunos sectores empresariales.
El Consejo Empresarial de Turismo de CEA, reunido en el día de hoy, ha acordado solicitar a las distintas administraciones publicas medidas urgentes para facilitar la supervivencia de las empresas, dada la práctica desaparición de la demanda turística, los obstáculos al desarrollo de la actividad y el mantenimiento de los costes, lo cual supone un desequilibrio que llevará al cierre de las empresas y a la pérdida masiva del empleo.
Tras la lamentable campaña de verano y con las previsiones de otoño invierno, se considera que las pérdidas previstas por el COVID pueden alcanzar al 75% de la facturación en 2020, lo cual supone unos 16.100 millones de euros, en un sector estratégico para nuestra economía que representa el 13% del PIB, con más de 350.000 empleos repartidos entre 90.000 empresas turísticas.
El mundo empresarial es tremendamente consciente de que estamos ante una pandemia mundial y que lo primero es, evidentemente, la salud, pero más allá de estigmatizar algún sector empresarial. En tal sentido, considera que resulta prioritario recuperar la imagen país, generar confianza y atajar el desprestigio internacional que se desprende de la gestión que de la pandemia se está haciendo en España.
Respecto a las medidas que se están adoptando, se considera que falta una estrategia global y rapidez en las respuestas, pues ya no estamos ante el inicio de una crisis, sino en pleno desarrollo de la misma y las medidas deberían estar en marcha y plenamente vigentes. Asimismo, cualquier reparto de fondos tanto nacional como europeo, debería tener en cuenta la singularidad y afección del sector turístico en el territorio.
En el ámbito laboral, ya se advirtió que la industria turística, en su conjunto, requiere de la máxima extensión temporal de los ERTES y que se eliminen las cuestiones relativas a empleabilidad pues es un sector, por su propia naturaleza, muy vinculado a la estacionalidad y, por tanto, necesitado de que se supriman de forma inmediata esas cláusulas de empleabilidad, que supondrán la quiebra absoluta de las empresas.
En el ámbito financiero, en el inicio de la crisis se articularon mecanismos que, sobre todo a autónomos y pymes, le han permitido mantener una cierta capacidad, pero el propio desarrollo de la situación hace necesario que esa política financiera que sirvió para mantener circulante, gire hacia una política de ayudas y fondos que compense pérdidas y facilite el mantenimiento de la actividad.
Respecto de las medidas anunciadas por el Gobierno de Andalucía de fomento de la demanda, los denominados bonos turísticos, aún no están en marcha, ni se conoce su contenido ni entrada en vigor, pero pueden resultar ineficaces si no se activan de forma inmediata. Asimismo, en un contexto general de crisis probablemente no sean suficientes para lograr el objetivo perseguido, por lo que habría que insistir en lograr que fuera una medida de carácter nacional, que extienda el modelo IMSERSO al conjunto de la población.
También en el ámbito propio de Andalucía, HORECA Andalucía, ha manifestado que en las próximas horas va a interponer recurso administrativo contra la Orden que directamente afecta a la actividad empresarial por ellos desarrollada, ya que entiende que la misma es discriminatoria y se ha adoptado siguiendo un acuerdo nacional que previamente no fue analizado con el sector.
En relación al mantenimiento de los costes, es importante recordar que la administración central tiene competencia para reducir las cotizaciones sociales, el verdadero impuesto al empleo. Asimismo, se debe actuar sobre la imposición fiscal local, tanto IBI, como IAE, que se mantiene constante a pesar de que las empresas no han podido desarrollar su actividad. Del mismo modo, es posible articular medidas de apoyo e impulso a arrendadores y arrendatarios logrando paliar la sangría que supone el pago de una renta sin poder ejercer la actividad, lo cual a corto y medio plazo supondrá la desaparición del negocio jurídico perjudicando a ambas partes.
Finalmente ante las noticias de que se pueda producir el rescate de grandes compañías, empresas estratégicas y tractoras en el sector, se comparte la importancia de las mismas, pero se solicita que por parte del Gobierno se articulen instrumentos jurídicos de rescate que aporten transparencia y, sobre todo, que facilite que empresas de menor dimensión puedan también acogerse a los mismo.
