Lunes, 14 de noviembre de 2022
Superada la “anomalía” de unos presupuestos prorrogados
- La consejera Carolina España presenta a los empresarios andaluces el proyecto de Ley de Presupuestos, ante el que González de Lara pide su ejecución efectiva.
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha acogido este lunes el encuentro de miembros de la Junta Directiva, representantes de empresas y organizaciones sectoriales con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Encabezados por el presidente de CEA, Javier González de Lara, han analizado junto a Carolina España el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2023.
Estas cuentas, ha celebrado González de Lara, “vienen a remediar la anomalía que, dentro de la estabilidad institucional de la que goza Andalucía, supuso no tener un presupuesto específico para 2022”. El presidente de CEA ha recordado como “hace un año, cuando se planteaban las cuentas públicas para 2022 y las nuevas necesidades de acción pasada la pandemia, ya comenzábamos a evidenciar los impactos sobre la economía andaluza de crisis encadenadas, -de naturaleza distinta, logística, energética…-, y que se han recrudecido desde febrero tras la invasión y guerra en Ucrania”.
Ya hoy, en un escenario sin prórroga de presupuestos, los empresarios andaluces reclaman que la magnitud del Presupuesto de la Comunidad, que supera los 45.000 millones de euros anuales (con un gasto no financiero que representa un 20% del PIB regional), “se cualifique de forma que contribuya en mayor medida a impulsar el desarrollo económico y empresarial en Andalucía. No sólo mediante el estímulo de la demanda, sino especialmente desde el fortalecimiento y la modernización de nuestra oferta productiva, en un contexto de creciente internacionalización y globalización”.
Para CEA, los presupuestos de la Junta de Andalucía deben dinamizar la actividad económica y valora de los mismos:
La recuperación del ahorro público, aunque este sigue dependiendo más de asegurar los ingresos previstos, -muchos con carácter extraordinario, como los vinculados al Plan de Recuperación-, antes que del control de un gasto público corriente, que sigue creciendo.
De otro lado, la incorporación de medidas que mejoran el tratamiento fiscal, avanzando en la armonización fiscal de Andalucía con otros territorios.
Y, además, el incremento en recursos para impulsar la competitividad en nuestras empresas y la política inversora. Ya avanzan sensiblemente respecto al ejercicio en curso, de la mano de la financiación comunitaria fondos (FEDER y Next Generation), lo cual exigirá un esfuerzo fundamental en su ejecución.
Impulso de la colaboración público-privada
Los empresarios andaluces apuntan que la vinculación de parte de la inversión a los fondos comunitarios requiere un refuerzo de los mecanismos administrativos para su puesta en marcha y ejecución. “Nuestra Administración pública debe ser ágil, competitiva y sensible a los intereses de las empresas. Hay que saber hacer más simple e inteligible lo que ya de por sí es complejo. Por eso, yo destacaría la relevancia del impulso a la colaboración público-privada, y la oportunidad de aprovechar al máximo las posibilidades que brinda para acelerar los proyectos”, ha afirmado el presidente de CEA.
“Generar entornos de certidumbre”
Por último, desde CEA se le ha expuesto a la consejera España que el Presupuesto regional debe “contribuir a crear y mantener entornos de certidumbre para la sociedad andaluza y, en especial, entre quienes invierten o quieren invertir su patrimonio y sus esfuerzos en Andalucía, propiciando un clima de seguridad, confianza y credibilidad que favorezca el desarrollo empresarial”.
Las cuentas andaluzas han de contemplar medidas concretas que aumenten el compromiso con el tejido productivo y empresarial de la región: “Las políticas de gasto del presupuesto deben orientarse en mayor medida a ayudar a obtener un crecimiento económico regional sostenido y sostenible, que haga posible crear riqueza y empleo a ritmos superiores a los registrados en nuestro entorno económico y, con ello, acelerar nuestra convergencia en el contexto de las regiones de Europa”.
“Cuestiones ligadas a mejorar el marco normativo, a disminuir la burocracia y a proteger la libre competencia, así como la apuesta por el desarrollo empresarial también se deben traducir en respaldo presupuestario. Nuestras empresas necesitan percibir que la acción política es sensible también a sus intereses. En suma, lo que le pedimos a nuestros poderes públicos es mejor regulación, adecuado estímulo y mayor eficacia, sobre todo ahora en la gestión de los fondos estructurales y extraordinarios”, ha concluido el presidente de CEA.
