5 de junio de 2019.
Artículo de Javier González de Lara publicado en la Agenda de la Empresa. Nº 246. Junio 2019.
Cuando tenga este ejemplar de Agenda de la Empresa en sus manos, se habrán celebrado los últimos procesos electorales en nuestro país, en uno de los calendarios más prolongados de los últimos años desde que, en otoño pasado, se convocasen las elecciones andaluzas.
Mientras tanto, hemos oscilado entre la lentitud administrativa previa y habitual a tales procesos, el tiempo indispensable para la formación y puesta en marcha de los nuevos Gobiernos -en este caso del Gobierno Andaluz- y una incansable actividad legislativa hasta el último minuto, como ha sido el caso del Gobierno de la Nación y sus medidas, vía Decreto-Ley, hasta poco días antes de las elecciones generales.
Uno de estos últimos, ha sido el relativo al control de horarios, que tanta confusión ha generado entre las empresas, trabajadores y, en los días inmediatos a su entrada en vigor el 12 de mayo, hasta en el propio Gobierno que, a través de la Ministra de Trabajo, tuvo que reconocer que era necesaria cierta “flexibilidad” en su aplicación, al tiempo que editaba apresuradamente una guía sobre el registro de jornada.
Más allá de esta norma y las consecuencias que tendrá en su aplicación, hay dos mensajes que quisiera subrayar y que no por repetidos pierden importancia, porque representan gran parte de los obstáculos y trabas que gravan el desarrollo de la actividad empresarial.
El primero, es el del coste de la improvisación. Una medida de tal calado como esta necesita un análisis sosegado y realista de la situación, y hay que llevarla al terreno de lo presente mirando al futuro. No se puede legislar por la vía de urgencia del Decreto-ley (mecanismo establecido para otro tipo de situaciones que sí la requieren) y luego admitir su inoportunidad por falta de reflexión y tiempo.
El segundo, es el coste de la imposición. Una vez más, el Diálogo Social se cuestiona sobre la base de un propósito que todos compartimos de forma racional y por pura lógica: mejorar las condiciones de trabajo. Sin embargo, con esta forma de proceder unilateral y sin concreción, se relega su espíritu y, en la práctica, se desvirtúan los marcos de la negociación colectiva, donde se encauzan las medidas a tomar de forma racional y realista.
Estos dos mensajes, podemos sintetizarlos en uno: ¿quién acaba pagando estos costes? La respuesta es evidente: las empresas y los trabajadores.
Estamos en una época en la que la toma de decisiones en materia de política socioeconómica apenas tiene margen para aplicar el método de prueba y error con las consecuencias que conlleva. Es imprescindible estudiar a fondo cada medida y, especialmente, a través y con quienes tienen que llevarla a cabo. La improvisación y la precipitación, nada tienen que ver con la rapidez y la oportunidad. Para tomar decisiones correctas hay que conocer el marco sobre el que se quieren tomar y en nuestro Ordenamiento Jurídico y en materia de relaciones laborales se encuentra el Diálogo Social, que lleva mucho tiempo demostrando sobradamente su efectividad.
Como decía al principio, a punto de cumplir el primer semestre del año, hay una serie de retos extraordinarios a los que hacer frente en un escenario cambiante en el que las empresas asumen cada vez más un mayor protagonismo y lo seguirán haciendo en el futuro. Por ello, cada vez que se imponen medidas, de manera unilateral, que dificultan la actividad empresarial y elevan los costes de las empresas de forma arbitraria, perjudicando su competitividad, se retrocede en el desarrollo global de la sociedad.
No necesitamos más legislación innecesaria y menos aún, impuesta, costosa y que no responde a los retos empresariales que tenemos que asumir en ese siglo XXI.
Javier González de Lara y Sarria
Consultar en la Agenda de la Empresa: https://www.agendaempresa.com/100821/opinion-javier-gonzalez-de-lara-cea-coste-improvisacion/
