_x000D_ La reciente aprobación definitiva de la Ley de Mutuas prevé poner el colofón al intento del Gobierno por reducir el gasto en incapacidad temporal (IT), más popularmente conocido como bajas temporales. Las cifras publicadas por la Seguridad Social (que incluyen a trabajadores del sector público y privado) avalan que el pago de prestaciones por IT a los trabajadores es una de las partidas más abultadas de su presupuesto. Con los últimos datos publicados, Empleo estima que en 2014 el sistema desembolsó por este concepto un total de 4.878,37 millones de euros, un 2,72% menos que un año antes.
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_x000D_ El descenso es mucho más significativo si se compara con 2008, el año en el que se alcanzó el máximo de la serie histórica, que arranca en 1990, con un total de 7.533,87 millones. Si se comparan ambas cifras, el desplome alcanza el 35,2%. No en vano, en los últimos seis años el gasto en IT se ha ido reduciendo ejercicio tras ejercicio a un ritmo del 6,9% anual, aunque en 2012, coincidiendo con los cambios normativos aprobados por el Ejecutivo para el sector público, el retroceso fue del 14,11% anual.
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_x000D_ ¿Qué factores explican este descenso en el gasto? Por un lado, la crisis y la fortísima destrucción de empleo que ha provocado. Al haber menos trabajadores con empleo, se registran menos procesos de incapacidad temporal. A esta circunstancia, desde 2012 se le añade la cuestión económica.
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_x000D_ El Gobierno aprobó en esa fecha cambios en el régimen retributivo de la IT que son de aplicación para todo el personal de la Administración. El objetivo era frenar el volumen de ausencias de corta duración (inferiores a 15 días) que se contabilizan cada año. Fuentes del Ejecutivo reconocían en privado que aunque solo con las cifras era difícil de demostrar, había fundadas sospechas de que algunas de esas bajas cortas eran fraudulentas.
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_x000D_ De ese modo, a partir de esa fecha, los funcionarios y empleados públicos que causaran baja por contingencias comunes ven reducido su salario los tres primeros días de incapacidad un 50%, si la baja se prolonga de cuatro a 20 días, pasan a percibir el 75% de sus retribuciones y si se trata de una dolencia más grave, lo que provoca una baja de más de 21 días, solo en ese supuesto es cuando cobran el 100% de su sueldo; tal y como ocurría antes de la reforma en todos los casos y desde el primer día de la baja.
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_x000D_ Así, en la duración media de los procesos se puede comprobar cómo ha pasado de 47,7 días antes de la crisis (años 2006) a 37,7 días al cierre de 2014. El número medio mensual de procesos iniciados también se está recortando, desde los 483.011 registrados en 2007 hasta los 271.402 del año pasado (sin duda cifras influidas por el descenso en el número de ocupados). Otro de los indicadores que precisamente filtra ese factor es el que mide la incidencia de las bajas por cada 1.000 trabajadores. Antes de la recesión era de 30,9 y en 2014 disminuyó hasta 18,8.
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