Sevilla, 2 de marzo de 2023. Fuente: www.lamoncloa.gob.es
El Ejecutivo también ha destinado 177 millones de euros para luchar contra todas las formas de violencias machistas. Además, ha autorizado 98 millones para paliar los daños de la borrasca Filomena, la erupción del volcán de La Palma y otras catástrofes naturales.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de dos proyectos de ley con el fin de establecer el marco jurídico básico de los bomberos forestales y los agentes medioambientales. En la actualidad, ambos colectivos están regulados por la normativa de las comunidades autónomas, lo que provoca desigualdades entre los trabajadores.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que el objetivo es ofrecerles unas condiciones básicas comunes y mejores en todo el territorio.
En el caso de los bomberos forestales, Ribera ha explicado que se hace un reconocimiento legal expreso e individualizado de su figura profesional a nivel nacional. Se definirán sus funciones, un marco de prevención de riesgos laborales y su defensa jurídica, con independencia de que sean personal funcionario, laboral o contratado por empresas públicas o privadas.
Respecto a los agentes forestales y medioambientales, la vicepresidenta tercera ha subrayado que pertenecen a cuerpos, escalas, especialidades y agrupaciones diferentes con modelos funcionales y organizativos distintos, por lo que se les facilita un marco básico y un criterio común de actuación. Además, con la nueva norma se refuerza, a efectos legales, su condición de agentes de la autoridad, como policía administrativa especial y policía judicial, sin perjuicio del trabajo que desempeñan junto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En este sentido, Teresa Ribera ha recordado que este colectivo desempeña tareas de custodia, vigilancia y apoyo a la gestión del medio ambiente o de auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el medio natural, por lo que necesitan unas condiciones específicas reconocidas en todo el territorio. Por ejemplo, disponer de vehículos prioritarios y los medios necesarios y compatibles para ejercer su tarea.
Las decisiones adoptadas hoy suponen, según ha indicado Ribera, «la regulación expresa de más de 20.000 personas que desempeñan funciones básicas y fundamentales para nuestro bienestar y seguridad».