Firma del II Acuerdo Interprofesional del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía

EL PRESIDENTE DE LA CEA AFIRMA QUE EL SERCLA SIGUE SIENDO UN INSTRUMENTO CLAVE PARA EL DIÁLOGO SOCIAL

Firma del II Acuerdo Interprofesional del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía

• Para la CEA la actuación conjunta de los agentes sociales y económicos y la Administración beneficia el buen desarrollo de las relaciones laborales

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, los secretarios generales de UGT-A, Carmen Castilla, y de CCOO-A, Francisco Carbonero, y el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, han firmado hoy el II Acuerdo Interprofesional del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía SERCLA. El acto, que se ha desarrollado en el Palacio de San Telmo, ha estado presidido por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Este acuerdo tiene como objetivo fomentar la utilización de este servicio, que comprende los procesos de conciliación-mediación y arbitraje, así como para dar continuidad a la apuesta por mantener y fortalecer la solución de los conflictos mediante el acuerdo y el diálogo.

Tras la firma de este acuerdo, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía ha asegurado que el SERCLA es un instrumento clave para el diálogo social y que considera que la actuación conjunta de los agentes sociales y económicos y la Administración pública beneficia el buen desarrollo de las relaciones laborales. Hizo hincapié en que éste es un acuerdo muy importante para las empresas y lo trabajadores andaluces, así como para todas la sociedad andaluza.

El presidente de la CEA manifestó su satisfacción por este convenio porque supone renovar y consolidar un instrumento nacido de diálogo social, y que
“ha cumplido con creces los objetivos de dar respuesta a las empresas y propiciar un paz social, imprescindible para el desarrollo económico, empresarial y de la sociedad en su conjunto”.

Asimismo, Javier González de Lara ha dicho que está convencido de que el diálogo social es necesario para el desarrollo de la sociedad, que es un ejercicio de participación “legítimo, jurídicamente desarrollado y políticamente extendido”. Y ha añadido que los empresarios y las organizaciones empresariales “creemos firmemente en el valor del diálogo, del acuerdo y del pacto, porque contribuyen a dar respuesta a las necesidades y problemas de las empresas; porque facilita la denominada paz social; es decir, la ausencia del conflicto permanente en el ámbito laboral, con independencia de que se produzcan desencuentros puntuales”.

En este sentido, el presidente de la CEA explicó que el diálogo social permite el diseño conjunto de políticas productivas que se ha mostrado eficaz y crea un clima social favorable a la actividad empresarial, la inversión y el empleo. “Y ese diálogo social –dijo- sólo es posible entre los agentes más representativos”.

El convenio

El convenio que se ha suscrito hoy entre la CEA, los sindicatos y la Junta de Andalucía renueva el SERCLA y actualiza además los contenidos de los acuerdos interprofesionales ya existentes en materia de resolución extrajudicial de conflictos laborales en Andalucía, tanto colectivos como individuales. Para lograr mayor operatividad, ambos quedan fusionados en este texto único que incorpora las mejoras derivadas de los años de funcionamiento del SERCLA, que nació con un triple objetivo: desjudicializar la solución de los conflictos laborales, ofrecer soluciones nacidas del diálogo y flexibilizar la ordenación laboral.

Desde su creación, ha demostrado ser un procedimiento que agiliza la solución del conflicto laboral y da fluidez a la negociación colectiva, un mecanismo que permite hallar soluciones beneficiosas para ambas partes, trabajadores y empresarios. En este sentido, desde 1999 el SERCLA ha tramitado más de 12.400 expedientes, mientras que en conflictos individuales, asumidos por el Servicio desde 2005, este sistema ha evitado la judicialización de 833 asuntos, lo que supone el 35% de los tramitados.

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