_x000D_ El Gobierno aspira a integrar las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social de las comunidades autónomas antes de que concluya el año 2014, lo que le obligará a elaborar y aprobar una nueva Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).
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_x000D_ Así se recoge en el balance elaborado en noviembre de 2013 por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) sobre las medidas adoptadas para eliminar duplicidades administrativas, con una estimación de ahorro de 2,6 millones de € para el Estado y de 255.013 € para las comunidades autónomas en los tres primeros años de actuación.
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_x000D_ Los objetivos de la medida son:
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- _x000D_ La creación de una Autoridad laboral estatal dotada de competencias para resolver las sanciones propuestas por la ITSS a empresas de ámbito nacional.
- _x000D_ La instauración de la Alta Inspección del Estado en materia laboral, estableciendo una programación específica de inspecciones en materia laboral sobre todas las comunidades autónomas.
- _x000D_ Reforzar la posición organizativa- institucional de la ITSS en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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_x000D_ Se logrará un fortalecimiento institucional de la ITSS; una unidad en la actividad inspectora en las CC.AA.; contribuir a la garantía de la unidad de mercado y lograr la adecuación entre la función a desarrollar y las características del Cuerpo de funcionarios.
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_x000D_ Con ello, se persigue la atribución de competencias inspectoras sobre empresas de ámbito nacional a una unidad especial adscrita a la Autoridad Central; el control la Inspección de los planes territoriales y generales de objetivos; la creación de una delegación de la Dirección Especial en Cataluña y País Vasco que se encargaría del control de las grandes empresas.
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_x000D_ Se calcula en 10 meses el plazo para la tramitación y aprobación de la nueva Ley y en 8 el despliegue de las medidas organizativas, delegaciones de la Dirección Especial, y creación de Unidad de Alta Inspección. En este tiempo se pretende acabar con la actual escisión de la función pública inspectora en órganos autonómicos y estatales y con la parcelación en el ejercicio de la función inspectora. También, se trata de poner coto a que los inspectores realicen funciones de inspección que podrían ser desarrolladas, en parte, por subinspectores.
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