En la jornada se abordará la reciente Ley 2/2023, de 29 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Con la entrada en vigor de esta nueva Ley, todas las empresas del sector privado con 50 o más personas trabajadoras, estarán obligadas a contar en un corto plazo de tiempo con un procedimiento interno para la denuncia de este tipo de conductas, que, además, garantice la debida protección al denominado informante. Para asegurar su cumplimiento, la norma prevé un conjunto de infracciones junto con un abanico de sanciones aparejadas, que oscilan entre los 100 mil y el millón de euros para las personas jurídicas.
Esta Ley también resulta de aplicación a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que gestionen fondos públicos independientemente del número de trabajadores que tengan, y se relaciona con otras casuísticas en el marco de la contratación pública.