17 de abril de 2019.
Artículo del Secretario General de CEA publicado en la Tribuna de Opinión de ABC.
El pasado mes de noviembre, presentamos el documento “La empresa como motor del desarrollo” a los partidos políticos que concurrían a las elecciones andaluzas del dos de diciembre. Dicho documento, conformado por 78 acciones para situar a las empresas andaluzas en el centro del debate social, tenía como uno de sus principales objetivos detallar la propuesta de CEA realizada hace apenas un año por su presidente, Javier González de Lara, para alcanzar un gran pacto por la empresa en Andalucía.
Un gran pacto no escrito, sino llevado a cabo desde el punto de vista de la concienciación general de la sociedad andaluza, a través de sus instituciones y para la legislatura, con el que poner en valor la figura de la empresa, por encima de apriorismos e ideologías, y como principal instrumento de avance permanente de una sociedad.
El documento, por tanto, tenía -y tiene, porque trabajamos con él- una clara orientación en materia de política económica y social: facilitar la labor de las empresas andaluzas y, en consecuencia, la creación de empleo. Y hacerlo, además, en unos momentos realmente decisivos para Andalucía y su competitividad como sociedad frente al conjunto de España, en el contexto de la Unión Europea y en el marco global internacional, donde, por cierto, las empresas andaluzas han hecho, y están haciendo, un esfuerzo ímprobo y merecedor del mayor reconocimiento.
En esta orientación, uno de los pilares esenciales es el de la política fiscal. Desde el punto de vista de los ingresos y del gasto. Es decir, impuestos y presupuestos. En opinión de CEA y de las organizaciones empresariales españolas, comenzando por CEOE, uno de los grandes retos pendientes de la economía de nuestro país es la reforma del sistema fiscal, en profundidad.
Una reforma fiscal que se centre en la armonización impositiva y la eficiencia del gasto. Que racionalice sus objetivos y que busque reducir las diferencias entre las comunidades autónomas, que más allá de componentes estructurales -la mayor o menor renta disponible- tienen que ver con la idea conceptual de apoyo a la empresa. Ejemplos hay de distintas comunidades, gobernadas por formaciones políticas de signo distinto, que por encima de las consideraciones ideológicas reconocen la función social de las empresas.
Por ello, desde CEA apoyamos las medidas fiscales recientemente aprobadas por el gobierno andaluz. Lo hacemos porque reorienta la política fiscal andaluza hacia la armonización y racionalización que necesita y lo hacemos, porque desde sus enunciados -en una primera fase y mirando hacia el conjunto de la legislatura- contribuirá a impulsar la actividad económica, mejorar las condiciones de las empresas, facilitar la creación de empleo y hacer más atractivo invertir y trabajar en Andalucía.
Naturalmente, esta reforma debe insertarse en la estrategia general de política económica del gobierno andaluz y coordinarse con el resto de medidas para lograr la máxima eficacia. Pero es un gran paso adelante.
Para CEA, cualquier medida que ponga en valor a las empresas andaluzas será siempre bienvenida. Porque son el motor de la sociedad. Las creadoras de empleo.
Luis Fernández-Palacios González de Castejón.
