_x000D_ La ministra de Empleo y de Seguridad Social, Fátima Báñez, ha ordenado a las mutuas que se desprendan y vendan su actividad privada, que está orientada a la prevención de riesgos laborales. En principio, tienen hasta el 31 de diciembre de 2014 y, en el caso de que no hubieran vendido la sociedad, o la totalidad de su participación, «entrarán en causa de disolución». El Gobierno cuenta con que la venta de las sociedades de prevención le facilite el cobro de la deuda de 40 millones de euros que mantienen con la Seguridad Social.
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_x000D_ La razones se basan en la utilización de una persona jurídica instrumental de ficción, la sociedad de PRL, que desarrolla una actividad mercantil ajena a la Seguridad Social. Un hecho que resulta problemático para la Administración porque estas entidades tienen una labor pública «de suma importancia para la que reciben un volumen de recursos públicos considerables». Cerca de 11 millones de euros a través de las cotizaciones sociales que pagan las empresas y los trabajadores en la cuota de enfermedades y accidentes profesionales.
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_x000D_ El Ejecutivo dice que la continuidad de esta situación «podría generar situaciones de competencia desleal y abuso de posición dominante». Sostiene que «es muy probable que la mutua utilice todo el bagaje de información, relaciones y posición que le otorga la gestión de la Seguridad Social en beneficio de su sociedad mercantil, siendo que esta posición no la tendrán sus competidoras en el mercado». Por esta razón, ASPA, patronal de las empresas privadas que se dedican a la PRL, dio ayer su respaldo a este capítulo de la ley de mutuas. La norma atiende su vieja reivindicación de que las mutuas dejen de competir en este mercado utilizando recursos y medios públicos.
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_x000D_ No obstante, fuentes de la asociación hicieron otras dos peticiones: que las nuevas sociedades dejen de tener cualquier denominación relacionada con las entidades de la Seguridad Social, y que la venta se haga a precios de mercado. Aspa agrupa a 170 empresas y asociaciones en toda España. La Seguridad Social «ha constatado la existencia de este problema [de la mezcla de actividades]», y la necesidad de resolverlo «mediante la desvinculación total de las mutuas del ámbito de la prevención».
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_x000D_ Otras medidas que ha tomado el Ejecutivo con estas entidades, que cubren a 12,8 millones de trabajadores, han sido la limitación de sueldos al considerarlas empresas públicas. Tanto de los directivos, como de los trabajadores. Precisamente, el pasado miércoles, la Audiencia Nacional acaba de obligarles a congelar los salarios, cumpliendo los Presupuestos Generales del Estado.
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_x000D_ Por todas estas razones, que derivan en el intervencionismo, y por la pugna por el control de las bajas laborales, la patronal CEOE ha protestado a Fátima Báñez por la nueva regulación.
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