31 de octubre de 2018.
Artículo del Presidente de CEA para Andalucía Inmobiliaria. Número 143.
España y con ella Andalucía ha superado numerosas pruebas de supervivencia en estos últimos años: el posible rescate financiero, la grave crisis económica y social, la mejora de nuestra competitividad, la enorme transformación de los distintos sectores empresariales y la asunción de constantes retos.
Pero aún no se ha abordado con decisión una profunda y necesaria reforma del sector público. Una transformación de nuestras Administraciones para convertirlas en ágiles herramientas al servicio de la ciudadanía. Por lo que es ineludible que la Administración Pública haga también sus deberes como lo hecho la sociedad en su conjunto.
No hay que olvidar que ya están consolidados legalmente multitud de principios relativos a la buena regulación, por lo que su aplicación debería ser automática en nuestro entorno. Y esto sólo será posible con la reducción del entramado legislativo con normas más sencillas y estables en el tiempo, evitando tanta profusión legislativa de dudosa calidad jurídica.
La crítica empresarial sobre la excesiva hiperregulación normativa pueda parecer reiterada, pero es que, a pesar de la buena voluntad y de las declaraciones políticas, la realidad es tozuda. A título de ejemplo, cabe recordar que, entre 2012 y 2017, se publicaron en Andalucía un total de 81 leyes, de las cuales 44 tuvieron la fórmula de Decreto Ley.
Todas estas disposiciones tienen impacto sobre las empresas, porque de una manera o de otra recaen sobre la sociedad. Las normas no son nunca inocuas. Tienen consecuencias, y por eso, la labor de las organizaciones empresariales es ajustarlas al interés general, desde el punto de vista de las empresas.
La iniciativa privada necesita desenvolverse en un entorno en el que sea efectiva la libertad de empresa y la unidad de mercado, dos cuestiones indispensables para su desarrollo competitivo.
En este contexto, los empresarios andaluces desean que nuestra región sea un lugar cada vez más atractivo para invertir y desarrollar todo tipo de iniciativas empresariales. Por ello, desde CEA, se ha instado de manera reiterada a las distintas Administraciones Públicas que faciliten y generen un ecosistema que fuera favorable al desarrollo económico, empresarial y social.
Uno de los contenidos fundamentales de la propuesta de un Pacto por la Empresa en Andalucía, promovido por CEA, es el referido a la simplificación y agilización administrativa, a la mejora de la calidad institucional en nuestra Comunidad, a una mejora de la regulación, que no es desregular, sino regular mejor.
En ese contexto, el Plan para la Mejora de la Regulación Económica, cuya formulación aprobó recientemente el Gobierno de la Junta de Andalucía, es el camino y la vía para hacer de Andalucía una sociedad más empresarial. En esa línea, la Administración encontrará siempre el apoyo y el compromiso de la Confederación de Empresarios de Andalucía, porque es el camino más recto para lograr mayor bienestar económico y social en nuestra región.
Javier González de Lara y Sarria, Presidente de CEA.
